El acuerdo con el Fondo supone implementar políticas monetarias, cambiarias y fiscales. Estos tres puntos requieren subir la tasa de interés por encima de la inflación, que el tipo de cambio que no se atrase y ajustar el gasto público.

En este contexto, avanzar con el ingreso universal, que reclamó la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner demandará ingresos que el fisco no cuenta. Si bien no hay precisiones sobre el universo de beneficiarios y el monto, cabe recordar que el IFE significo casi 2 puntos del PBI.

Mejorar el poder adquisitivo de los salarios es una consigna que los principales referentes de la CGT tienen como motivo de preocupación. Es más, este lunes por la tarde se reunirán para analizar los últimos acontecimientos. En el mercado circulan trascendidos sobre la posibilidad de aumentos por decreto, dentro de la concepción que muchas empresas tuvieron resultados extraordinarios, pero hasta el momento son sólo versiones.

Los analistas consideran que la cuestión fiscal es uno de los mayores problemas que enfrenta Batakis. El acuerdo con el Fondo establece que la expansión del gasto público del primer semestre – casi 13% - deberá revertirse en una contracción cercana a 8%.

Evalúan que, con escasas reservas en divisas, sin financiamiento externo, con crecientes dificultades para conseguir crédito en pesos y con la restricción de no poder emitir más -so pena de acelerar la inflación-, al Gobierno no le queda otra posibilidad que llevar una política de austeridad en el gasto público.

Dada la rigidez de las erogaciones – hoy agravada por las necesidades energéticas – aplicar políticas de austeridad demanda decisiones políticas desagradables, como podrían ser, por citar sólo algunos ejemplos, no llevar adelante la compra de computadoras para el área de Educación, recortar el gasto en salud (salvo vacunas) o limitar la obra pública.

Precisamente días atrás circuló en el ministerio de Economía un informe reservado en el que se señala que, con los actuales requerimientos de la política, “el déficit fiscal no es financiable”.

Hasta fines del mes pasado, la intención del equipo económico fue cerrar -como sea- la meta acordada con el FMI. Esto se logró con un gasto del Tesoro algo superior a los 800 mil millones de pesos, pero dejando impagos unos 150 mil millones, casi un 20% de las erogaciones demandadas.

Un botón de muestra: todavía no se pudieron conseguir los 4 mil millones de pesos necesarios para pagar a los censistas.

Los datos del gobierno arrojan que la meta fiscal del segundo trimestre se cumplió, con un desequilibrio equivalente a 0,7% del PIB, pero en el tercero será necesario un recorte del déficit a 0,3%, es decir una reducción a menos de la mitad.

Esto, además, en un contexto de demandas crecientes. Una de las más importantes: mientras el ex ministro Guzmán tenía previsto destinar en julio 120 mil millones de pesos a Energía, el titular de esta área, Darío Martínez, pide 300 mil millones.

Otro de los temas complejos que se presentan a la nueva ministra es la segmentación de tarifas. Hasta el momento si se ingresa en el sitio se observa que no es posible llenar el formulario ideado durante por el equipo del ex ministro Guzmán.

Ahora existen algunas dudas, se continuará con el formulario de Economía o el anterior diseñado por la Secretaria de Energía, Además, se conoce en el Palacio de Hacienda que Guzmán no llegó a cuantificar la disminución del gasto en subsidio en caso de llevarse a cabo con éxito la segmentación.

De alguna manera la suba del tipo de cambio muestra la incertidumbre que causo la designación de Silvina Batakis.