El pedido de destitución que formuló la Corte de Justicia contra el juez Javier Alonso, titular del juzgado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción, va camino a sumar una participación clave. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, confirmó que se encuentra analizando el expediente y que hay una "gran probabilidad" de que se presente como acusador especial, figura establecida en la ley del Jurado de Enjuiciamiento. El representante de los intereses del Estado tiene hasta el próximo miércoles para definir su participación, aunque adelantó que, en principio, los cargos que se imputan al magistrado son de "tal gravedad", que es casi un hecho que tendrá intervención. Alvo indicó que está evaluando si el magistrado incurrió en una presunta falta de servicio de justicia, lo que puede ocasionar o haber producido un perjuicio al Estado y abrir el camino a eventuales demandas contra la provincia por esas falencias.

Si bien Alvo debe decidir, primero, si interviene en el Jury y, luego, si hace la acusación, es casi un hecho que, si define participar, después irá contra el juez.

Según la ley que rige al Jurado de Enjuiciamiento, la participación del fiscal de Estado se produce cuando "de la denuncia realizada, surja que se pueda haber causado o pudiere causarse perjuicio patrimonial público estatal y exista un directo interés fiscal de naturaleza patrimonial afectado". Al ser consultado sobre su acción, Alvo indicó que, de lo que ha podido analizar, "hay una cuestión de gravedad extrema con la detención de las personas" al punto de calificarlas como "ilegales". En esa línea, explicó que "esa falta de servicio de justicia, sería una atribución objetiva de responsabilidad del Estado que ocasiona un perjuicio ya que, eventualmente, puede ser blanco de demandas". De intervenir, será la primera participación de Alvo en un Jury. Anteriormente, se le corrió vista para que evalúe su intervención en la denuncia contra el exjuez Pablo Flores, pero, en ese caso, no se dio "porque no hubo perjuicio patrimonial estatal", explicó.

El análisis del fiscal se dará, principalmente, en las irregularidades detectadas en las causas con detenidos y las denuncias por violencia familiar y de género. Según la acusación que formuló el máximo tribunal contra Alonso, la auditoría que se llevó adelante a principio de año en el Juzgado de Jáchal reveló "un constante y reiterado mal desempeño e indebido cumplimiento de las obligaciones y funciones a cargo del juez. Al ser consultado sobre la cantidad de detenidos, el magistrado manifestó duda. La secretaría informó 10 detenidos, 7 en el Servicio Penitenciario y 3 en la Comisaría, mientras que el equipo auditor, a través de las consultas, determinó que existen 11 personas detenidas en el Penal de Chimbas y 5 en la comisaría". Además, dichas causas presentaban un grado de morosidad "inadmisible" al punto que algunas llevaban siete meses sin movimiento. En la denuncia se puntualizó en cuatro expedientes que fueron tomadas como ejemplo. El primero "sin movimiento desde septiembre"; el segundo, "en condiciones de resolver desde octubre"; el tercero, "desde septiembre con trámite de prisión domiciliaria", y el cuarto, de un "detenido en octubre, indagado en noviembre y sin que el juez definiera su situación procesal. Ese sumario se encontraba traspapelado junto con causas de trámites sin detenidos". Sobre las causas sobre integridad sexual, "existe una inacción injustificada de entre 9 a 12 meses, en su mayoría sin indagatoria".

Fuente: Diario de Cuyo